Carreteras bloqueadas

El paro de la Junta Nacional de Usuarios de Riego del Perú (JNUDRP) y otras organizaciones como CONVEAGRO, causó estragos en muchas de las principales carreteras entre el lunes 18 y el miércoles 20. El gobierno no pudo disuadir a los agricultores de efectuar la medida de fuerza y no fue capaz de desbloquear las vías de comunicación.

El antecedente es el paro que realizó la JNUDRP en mayo de 2003. En esa ocasión, el gobierno de Alejandro Toledo declaró el Estado de Emergencia (EE) en todo el país y el Ejército se hizo cargo de algunas zonas. El primer día del paro, en el norte chico, los militares y la policía desbloquearon la carretera. No hubo muertos. Esa misma noche la JNUDRP levantó la medida.

En esta ocasión, el gobierno también declaró el Estado de Emergencia en algunas provincias de Lima, Ancash y La Libertad y dispuso que queden bajo control de las Fuerzas Armadas. Pero los militares no salieron y el EE no pasó de una proclamación sin consecuencias.

Como dato curioso adicional, hay que señalar que los Decretos Supremos 012 y 057 no se publicaron en la edición impresa de El Peruano, sino solamente en la electrónica.

Los bloqueos los efectuaron agricultores descontentos por diversas razones. Por ejemplo, en Arequipa, muchos protestaban por el precio de la leche, en otros lugares por el costo de los fertilizantes. A esto se sumaron pandillas que suelen aprovechar la ocasión para cometer actos de violencia y asaltar a los viajeros. En Chimbote y la provincia del Santa esa es una constante.

La policía fue impotente para desbloquear las vías. Al parecer, no hubo una estrategia, a pesar que había el antecedente de la huelga de 2003. No se concentraron efectivos en algunos puntos clave y en varios lugares los manifestantes hicieron retroceder a la policía a pedradas.

En Ayacucho, donde una turba de 500 personas atacó a un destacamento de 20 policías, murieron dos campesinos. Según el Ministerio del Interior, cayeron asesinados por infiltrados que les dispararon perdigones con armas artesanales. De acuerdo a la versión de algunos congresistas opositores, fueron muertos por balas de la policía. El problema es que los propios reportes policiales son contradictorios entre sí.

Esta situación ha puesto en aprietos nuevamente al ministro Luis Alva Castro. Ahora la oposición quiere censurarlo, pero es poco probable que consigan los votos para ello. Sin embargo, los incidentes lo han debilitado más.

Los tres muertos de Ayacucho –incluyendo a Esperanza Huamanrimachi, 62, que falleció, según dicen, a consecuencia de los gases lacrimógenos- dieron motivo a que extremistas de esa ciudad realizaran movilizaciones que paralizaron Huamanga el jueves 21.

Según la Fiscal Gradys Echaíz, la fiscalía convalidó la detención de un total de 207 personas, se formalizó denuncia contra 59, y 33 fueron sentenciadas a penas condicionales al amparo del nuevo Código Procesal Penal vigente en algunos distritos judiciales del norte del país.

Esto significa un avance importante en relación a disturbios anteriores, cuando los fiscales no se atrevían a denunciar a los revoltosos y los jueces no los sentenciaban.

En síntesis, el paro agrario mostró que el descontento de algunos sectores de la población se puede traducir rápidamente en acciones violentas y que el gobierno no está en capacidad de controlar adecuadamente esas manifestaciones de barbarie que afectaron a decenas de miles de personas.