La policía ¿parte del problema?

El miércoles 30 los diarios informaron sobre la captura de algunos miembros de una banda dirigida por el capitán de la Policía Nacional Miguel Custodio Fiestas, que laboraba en el Departamento de Investigación de Delitos de la comisaría de Independencia. Custodio está prófugo.

Por desgracia, éste no es el único caso. En los últimos días, dos comisarios de Ayacucho han sido detenidos por traficar con drogas. El jueves 24 fueron apresados en Huamanga dos policías que trataban de vender cocaína que habían decomisado a narcotraficantes. Ellos son el capitán Sixto Izaguirre Gallardo, jefe del destacamento del distrito de Quinua, provincia de Huamanga, y el suboficial Ernesto Ramos Pari.

Cuando se enteraron de esas detenciones, otros dos sub oficiales de la comisaría de Quinua -Edgardo Salazar Pereda y Ricardo Rafael Mejorada- se fugaron, lo cual muestra que estaban involucrados en el mismo delito.

Poco antes, el domingo 13, fue detenido el capitán Pedro Guzmán Ayma, que transportaba 25 kilos de cocaína en un patrullero. Guzmán era comisario de San Miguel, provincia de La Mar, Ayacucho, y estaba en una de las rutas habituales para sacar droga del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac Ene).

Guzmán se defendió a balazos de los policías que lo capturaron. Su cómplice, el sub oficial de la Policía Gonzáles Vilca, logró fugar.

El domingo 13 una banda de asaltantes atracó un ómnibus que se dirigía de Tacna a Arica. Los comerciantes que iban a adquirir mercaderías fueron despojados de su dinero. Seis de ellos fueron heridos por los delincuentes, que usaban uniformes y vehículos policiales.

Luego se descubrió que la banda era liderada por los suboficiales de la Policía en actividad Manuel Isidro Arias Calla y Raúl Fernán García Montes.

La población de Tacna indignada realizó una marcha el miércoles 16 exigiendo sanción a los policías delincuentes.

En los últimos días, medios de comunicación han denunciado la violación de varias mujeres policías. Una de ellas en la escuela de suboficiales de Tarapoto –responsabilizan a un coronel de la PNP-, y otras dos en establecimientos de salud de la Policía en Lima.

En esta situación, con un número creciente de policías dedicados a actividades ilegales, es de esperar que los delitos cometidos por delincuentes comunes aumenten. Un ejemplo evidente es el de los atracos en las carreteras. En la segunda quincena de enero, murieron 9 personas en diferentes asaltos a buses en Ayacucho y Puno. En esos y otros atracos en Cusco y Tacna, cientos de pasajeros y comerciantes has sido robados y hay decenas de heridos.

Toda esta situación se refleja en la percepción y el comportamiento de la población. Según la Defensoría del Pueblo, que presentó un reporte el lunes 28, los delitos han aumentado 54% el último año, pero el 64% de los afectados por robos no lo denuncian.

Estos datos muestran que las cifras anunciadas por algunas autoridades que, apoyándose en estadísticas policiales, sostienen que el delito está disminuyendo, no son correctas. Los que se reducen son las denuncias y eso ocurre por la creciente desconfianza en la Policía.

La principal causa de desconfianza en la Policía, según varias encuestas, es la corrupción policial.

Lo más preocupante es el involucramiento de policías en delitos como secuestros, narcotráfico y asaltos. La experiencia de otros países de América Latina muestra que si ese fenómeno no se detiene a tiempo, el crimen organizado llega a penetrar profundamente a la Policía y a controlarla.

Eso se convierte en un problema gravísimo, pues toda la sociedad sufre las consecuencias. Y es, además, un asunto casi insoluble, pues no se puede licenciar a todo un cuerpo policial –o gran parte de él-, y limpiarlo se hace impracticable porque se crea dentro de la institución un extenso sistema de complicidades y encubrimientos.

Todavía no hemos llegado a esa situación, pero los últimos acontecimientos muestran que nos acercamos peligrosamente.