Lo que pasó y lo que se viene

Como era de esperarse, el comienzo del proceso de revocatorias regionales y municipales ha provocado cierto aumento de la temperatura en provincias. Aunque el gobierno ha propuesto postergarlas un año (ver Informe Especial Nº 7), tanto las autoridades actuales como sus numerosos detractores están compitiendo en radicalismo y buscando motivos para movilizar a la población contra alguien.

Con el falso argumento que con esa ley se van a “privatizar” los monumentos históricos, convocó, junto con la alcaldesa Marina Sequeiros y cuanta organización radical hay en la región, una manifestación que tuvo un gran éxito. Se calcula que unas veinte mil personas asistieron.

La norma fue promulgada el 20 de diciembre y el gobierno tiene un plazo de 120 días para promulgar el reglamento y empezar a aplicarla. Ese lapso será aprovechado para agitar el ambiente.

Cosa similar es lo que ocurre con lo que sus adversarios han denominado la “ley de la selva”. En Iquitos ya se realizó una movilización en contra de ese proyecto del gobierno y los “Frentes Regionales” de varias regiones tendrán una reunión en 17 de febrero en Pichanaqui, Junín, para organizar paros y movilizaciones.

En Cajamarca, un evento de rondas campesinas dirigido por Patria Roja, no solamente rechazó la minería, como era previsible, sino que adelantó el propósito de los grupos izquierdistas: movilizarse en mayo, coincidentemente con la cumbre de la Unión Europea y América Latina.

La impopular huelga médica fue levantada luego que el gobierno se mantuviera firme durante varias semanas, sin amilanarse ante las amenazas de “radicalización”.

En términos del futuro inmediato, la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) viene preparando desde hace varios meses una acción de fuerza. Ahora le han fijado fecha, el 18 de febrero. Ellos reclaman compensaciones por los probables efectos que tendría el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos sobre el agro.

La JNUDRP es la organización agraria más importante del país, y por lo general no se involucra en paralizaciones. Una excepción fue mayo de 2003, cuando realizaron una huelga con bloqueos de carreteras que afectó la Panamericana.

Organizaciones escasamente representativas pero fuertemente politizadas se han sumado a la acción de fuerza. CONVEAGRO, capitaneada por el aprista Luis Zúñiga, la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria, de tendencia izquierdista, inmediatamente han hecho llamamientos a la huelga.

Aunque estas entidades carecen de un amplio respaldo, si cuentan con activistas, no necesariamente agricultores, que se sumarán con entusiasmo a los bloqueos de carreteras y los disturbios.

Por eso es importante que el gobierno actúe con prontitud para desactivar la paralización de la JNUDRP. Si lo consigue, los otros grupos quedarían fuera de juego.

El jueves 31, la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, inició una Asamblea que se prolongará dos días más para discutir una nueva medida de fuerza. Varios dirigentes están proponiendo una nueva huelga demandando la eliminación de los topes a las utilidades y la solución al problema de los trabajadores de contratas.

El año pasado esa Federación intentó dos huelgas con pobres resultados.

Por último, hay que hacer hincapié en el preocupante deterioro de la seguridad ciudadana. El incremento de los asaltos en las carreteras y, sobre todo, la violencia con que se realizan -9 muertos en la última quincena- constituye un indicador alarmante.

La violencia generada por el narcotráfico sigue creciendo en las zonas cocaleras, pero también se va instalando el Lima, como lo muestra el asesinato de José Mori “Shevaco”, el miércoles 23, en el centro de Lima, con el típico método de los sicarios del narcotráfico.

También los casos de corrupción policial se están incrementando y el sistema de seguridad ciudadana no está funcionando, como reveló un informe de la Defensoría del Pueblo.

Si el gobierno no hace esfuerzos serios por revertir esta situación, podemos seguir el camino de otros países latinoamericanos asolados por la delincuencia.