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Huelga minera de baja intensidad
La Federación Minera anunció los días previos que en la huelga general indefinida que se había convocado para el día 5 de noviembre participarían más de 65,000 mineros. Este anuncio se sustentó en parte en las expectativas generadas por el relativo éxito de las movilizaciones anteriores y, entre otros aspectos, por el rechazo que habían causado en la opinión pública la difusión de sobre la situación de los trabajadores de la minera Casapalca durante los meses de junio y julio. |
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La huelga se da en un contexto en que el Ministerio de Trabajo venía impulsando el rol de los inspectores laborales (y de la inspección de las condiciones de trabajo), la intermediación entre empleadores y trabajadores frente a los conflictos mineros, como en los casos de Southern y Shougang, así como con la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República para la modificación de los topes de las utilidades que pueden percibir los mineros (tope de 18 sueldos).
En este contexto, la Federación consideró que la situación social y política estaba lo suficientemente madura como para una nueva medida de presión. Si bien el propósito formal de la medida era el de reclamar la liberación del tope de utilidades, una mayor regulación de la tercerización, la incorporación de personal de los services a planilla, entre otros; todo parece indicar que la motivación política principal estaba orientada a captar una mayor presencia en los procesos de negociación en el sector y mayor participación en la vida política nacional. Dos costosos avisos a página entera en El Comercio dan fe del impacto político-mediático que se buscaba. Sin embargo la Federación Minera parece no haber sopesado que muchas de las grandes empresas mineras ya habían solucionado sus pliegos de reclamos o se encontraban en vías de solución. En general los procesos de negociación bilateral (y algunos con intermediación del Ministerio) terminaron en acuerdos a favor de los pliegos, por lo que una medida como la anunciada carecía de mayor relevancia para los trabajadores, más allá de una suerte de frágil solidaridad sindical. Iniciada la huelga intervinieron en diversos medios de comunicación escritos, televisivos y de radio convocando a los trabajadores a sumarse a la huelga en sus diferentes centros de trabajo. Esperaban una reacción favorable progresiva, pero esta no se plasmó. Al segundo día de huelga, los cálculos no arrojaban más de 6,000 mineros paralizados y los diferentes medios empezaron a dar cuenta del fracaso de la huelga minera. Por su parte el Ministerio de Trabajo anunció que la huelga era ilegal y que por consiguiente, el minero que no se reincorporara al trabajo al tercer día podía ser despedido sin lugar a reclamo. La frágil solidaridad sindical terminó de derrumbarse. Así mismo el Ministerio del Trabajo trasladó el reclamo al Congreso. Es decir, el asunto de las pensiones y, sobretodo, el de las utilidades, se encontraba en ese terreno. La estrategia dio frutos y el legislativo apuró el paso en la Comisión de Trabajo permitiendo que la Federación anunciara que se estaba perfilando una victoria. La intervención del Primer Ministro al cuarto día para discutir los demás aspectos del pliego, le entregaron a la Federación Minera la posibilidad de levantar la huelga indefinida. Sin embargo, como es de esperarse la posibilidad de reiniciar la huelga queda abierta ante una coyuntura política que permita una mayor capacidad de presión. En ningún caso se dio una relación con los reclamos relacionados a las demandas de las comunidades aledañas a la explotación minera. Estos parecen correr por cuerda separada. Es difícil que el vínculo se establezca porque los trabajadores mineros necesitan que haya minería, pero de darse algún punto de encuentro entre movimientos mineros y el sindicalismo minero las cosas serían más complicadas. |
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