Adolfo Granadino, antiguo dirigente portuario y ahora dirigente de un nuevo Frente de Defensa y Desarrollo de las Empresas Públicas Estratégicas, conjuntamente con los sindicatos de Enapu, Corpac y Sedapal, acordaron convocar a una consulta popular en Pisco, siguiendo “el sano ejemplo de las comunidades de Ayabaca, Pacaypampa y Carmen de la Frontera”, para que la población decida sobre la concesión del puerto y aeropuerto de esa ciudad, así como la eventual privatización del servicio de agua potable.

A diferencia de los otros casos relacionados con la minería en lo que se protegía, según los promotores, era el medio ambiente, los ríos y la agricultura, en este caso lo que se intentaría impedir es la eventual adquisición de estas empresas por capitales chilenos.

Pocos días después, en Arequipa, Jorge del Carpio principal dirigente de la Asamblea Popular de Arequipa (APA), una escisión del Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), lanzó la iniciativa de convocar a una consulta vecinal para decidir la continuidad de las operaciones de Cerro Verde. En este caso, lo que se estaría pretendiendo es presionar a la empresa para que proceda con el desembolso del aporte minero voluntario correspondiente al 2006.

Mientras tanto en Echarati, quizás el distrito con más recursos económicos de todo el país por efecto del canon del gas de Camisea, también se agitaba la consulta popular convocada por el Frente de Defensa del distrito para decidir si permitían que se continúe con la extracción del hidrocarburo. Tras el pedido se encuentra la queja de que la población no percibe el beneficio del canon y culpan de ello al alcalde Elio Pro Herrera y al Presidente Regional del Cuzco, Hugo Gonzalez. Lo que se pretendería en este caso es cortar el flujo de ingresos a dichos gobiernos y llamar la atención del gobierno central, obstaculizando la continuidad de las operaciones de extracción y transporte del gas de Camisea.

Y finalmente en Tacna, el 11 de este mes, Nora Melchor, dirigente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (FADMAT) convocó y lideró una asamblea popular en la que finalmente se planteó el desarrollo de una consulta popular para decidir la realización del proyecto Pucamarca, de la empresa Minsur, tema del que ya se informado en anteriores reportes. Este es quizás el caso que más se asemeja a lo ocurrido en el norte del país con Majaz.

Como puede apreciarse, son diversas las motivaciones, distintos los actores y los lugares, pero el mecanismo de presión viene siendo el mismo. La consulta popular o la consulta vecinal esta llamada a propagarse por el país. Ya lo anunció la CONACAMI, esa será su principal estrategia para oponerse al proyecto de ley 1640 que el Ejecutivo presentó al Congreso para declarar de interés nacional a diversos proyectos mineros.