La redistribución del canon

Una gran polémica ha desatado el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y anunciados días antes por el Presidente de la República. Por lo pronto ya cuatro congresistas de diferentes bancadas se han pronunciado en contra. Estos son, Zeballos de UPP, Ordoñez de PNP, Eguren de UN y Chacón de AF. Si sus opiniones representaran la misma de sus bancadas, entonces difícilmente se aprobaría el proyecto. Sin embargo aún no se ha iniciado el debate y está por verse hasta que punto los congresistas se opondrán a una norma que beneficiaría directamente a sus electores.

Desde la sociedad civil algunas organizaciones como Propuesta Ciudadana y la Red Perú, se han manifestado igualmente en contra del proyecto. En general las críticas son similares. Ven el proyecto como una propuesta populista, asistencialista, de corto plazo y que busca el clientelismo político. Por otra parte, la ligan en algunos casos al conflicto Majaz, como una suerte de buscar darle viabilidad a los diferentes proyectos mineros ganando a los pobladores locales a través de la entrega directa de dinero.

También se menciona el carácter anticonstitucional de la medida; el hecho que no contribuye a crear capacidad de gasto en los gobiernos locales; y finalmente, que el proyecto no ayuda a generar condiciones para la diversificación productiva y el desarrollo sostenible. Algunos medios han planteado preguntas específicas, acerca de los criterios que se emplearan para seleccionar a los beneficiarios, si se establecerá algún tipo de “contraprestación” (tipo el programa Juntos) o que ocurrirá con las poblaciones vecinas que no perciben el beneficio o con los mismos beneficiarios cuando dejen de percibir el aporte directo.

Por otra parte el Presidente, el Primer Ministro y algunos congresistas del Apra han declarado a favor de la medida. Los argumentos esgrimidos son que permitirá aliviar en algo la pobreza, que facilitará el acceso de estas poblaciones a servicios de alimentación, salud y educación, y que promoverá una mayor equidad y justicia social. Por otra parte también se menciona que el mayor ingreso generará una reactivación del mercado interno y la atracción de agentes económicos.

El congresista Aurelio Pastor ha sido incluso más directo, al opinar que esta medida permitirá que las poblaciones acepten el ingreso de las empresas extractoras al sentir de manera inmediata los beneficios. En todo caso en la exposición de motivos de la ley se mencionan algunas experiencias, entre ellas la más parecida es lo que ocurre actualmente en la Bahía de Prudhoe, en Alaska, en la que la población que reside por más de 6 meses en dicha zona se beneficia de una renta básica proveniente de la explotación del petróleo.

Por su parte la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través del presidente del Comité de Asuntos Sociales, consideró la medida como un paliativo a la presión social, pero que no resuelve el problema de fondo como es el de generar condiciones para un desarrollo sostenible.

En todo caso el debate está por iniciarse y pondrá sobre el tapete los temas de conflictividad social, presencia y rol de la minería y la capacidad de gestión del estado en todos sus niveles.